Guatemala

Guatemala

Por Roddy Brett
Mayo del 2008

LENGUAJES: INGLÉS, ESPAÑOL

En enero del año 2008, el Presidente Álvaro Colóm fue elegido como el séptimo presidente en tomar posesión del cargo desde el regreso a la democracia civil en Guatemala en 1986. Veintidós años después del retorno a la democracia civil y doce años después del final formal del conflicto armado interno en 1996, los protagonistas civiles siguen procurando desarrollar estrategias eficaces y formas de organización colectiva para hacer impacto sobre la democracia no consolidada y prohibitiva de Guatemala. La democracia guatemalteca es restrictiva dada la ausencia de transformación sustancial estructural e impacto del gobierno democrático sobre las causas históricas del conflicto armado y las formaciones sociales de pobreza, racismo, autoritarismo y exclusión. La pobreza extrema se ha elevado en los cinco años pasados, los índices de desarrollo humano, en particular para pueblos indígenas y mujeres están entre los más bajos en América Latina, la distribución desigual de tierra permanece muy aguda y decidida por la afiliación de grupos étnicos, y las élites políticas y económicas siguen manipulando el sistema democrático en defensa de sus propios intereses. La democracia guatemalteca es impermeable a la soberanía popular y ha traído consigo el cierre de espacios para una efectiva movilización civil y con impacto, presentando un desafío serio a los activistas de la acción no violenta.

Resumen del Conflicto:

La resistencia civil en Guatemala ha sido orientada principalmente hacia la confrontación de dictaduras militares durante el siglo XX. Dentro de este contexto, la acción no violenta ha recibido respuestas brutales de las autoridades guatemaltecas militares y civiles, lo cual quiere decir que antes de los años 1980, el espacio político y los canales fueron cerrados con eficacia y todos los actos, excepto los actos de bajo riesgo de movilización civil fueron reprimidos. Sin embargo, después de 1986, el retorno al régimen civil presentó oportunidades sin precedentes políticos para las movilizaciones de los protagonistas civiles en conjunto, posteriormente adoptándose estrategias de conflicto no violento,todo esto sobre cómo los protagonistas civiles comenzaron a involucrarse en mecanismos establecidos por el proceso de paz en Guatemala. Mientras en este contexto la organización civil era más permitida, y la abierta violencia orquestada por el Estado disminuyó, la violencia estatal persistió en la forma de criminalización de algunas acciones civiles, como la criminalización de organizaciones que trabajaban por la reforma agraria durante los años 1990 y del movimiento contra la explotación de recursos naturales, incluyendo la minería, durante la primera década de los años 2000.

Por lo tanto las condiciones en las cuales los protagonistas civiles se han movilizado son muy distintas después de 1986. Por consiguiente, las cuestiones alrededor de cuales movilizaciones han ocurrido se han desarrollado, aunque muchas cuestiones fundamentales no han cambiado radicalmente y los protagonistas civiles permanecen concentrados en las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos internacionales y nacionales como elementos de sostén de sus objetivos. Antes de 1986, los protagonistas civiles exigían libertades fundamentales de las dictaduras militares y el gobierno, incluyendo el derecho a la vida, la libertad de asociación, y la libertad de la detención arbitraria. Como las condiciones se desarrollaron, plataformas civiles fueron adaptadas, y las organizaciones ensancharon sus objetivos, exigiendo servicios públicos, derechos económicos y culturales, y la reforma de y participación en las autoridades estatales y públicas, en particular a lo largo de las líneas del desarrollo de mecanismos para garantizar un Estado plural que representó la población indígena de más del 50%.

Historia política reciente:

Guatemala obtuvo la independencia de España en 1821, que fue menos el resultado de una lucha de independencia popular que la consecuencia de acuerdos pactados entre grupos de la élite, permitiendo a una oligarquía nacional emergente conservar el monopolio sobre los recursos naturales y medios de producción. En consecuencia, la población mayoritaria de indígenas y de mestizos pobres no se benefició política, social o económicamente de la independencia, sin que más bien permaneció sujeta a la explotación extrema, que vive en condiciones de servidumbre violenta y sometimiento, y, en el caso de la población indígena, de esclavitud. Durante casi un siglo y medio después de la independencia, la población indígena cada vez era más víctima de las medidas brutales y racistas dirigidas a asegurar su trabajo forzado, la asimilación en el Estado del mestizo y la eliminación política y cultural de los pueblos culturalmente autónomos. La resistencia fue aislada y las élites económicas y políticas fueron capaces de asegurar su dominación por medio de una combinación de fuerza bruta y empleo estratégico de ideologías racistas, manifestadas por las prácticas de un Estado racista.

En los años finales de la Segunda Guerra Mundial, la euforia antiautoritaria barrió la región latinoamericana. En 1944 en Guatemala, una combinación de movilizaciones militares y populares precipitó la caída del dictador Jorge Ubico, que había estado en el poder desde 1931. Luego de eso, fue elegido el reformista Juan José Arévalo. La presidencia de Arévalo moderadamente reformista fue seguida por el gobierno más radical de Jacobo Arbenz, un gobierno nacionalista que procuró ensanchar los derechos de los trabajadores y las poblaciones vulnerables, reforzando el de bienestar estatal, consolidando la economía nacional capitalista y limitando el poder y la influencia de los extranjeros, en particular las empresas estadunidenses, como la United Fruit Company, que tenía un fuerte dominio sobre la economía guatemalteca. Las reformas de Arbenz tuvieron una importancia sin precedente y trajeron una vehemente oposición de la élite local y estadunidense, en particular a su programa de reforma agraria de 1952. Después de un período de inestabilidad y tensión, en 1954 las maniobras políticas y la intervención militar orquestada por la Agencia Central de Información del gobierno de los Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), en combinación con las acciones de las fuerzas armadas guatemaltecas trajeron los diez años de apertura democrática a un cierre definitivo y violento e introdujeron cuatro décadas de conflicto armado interno casi ininterrumpido y un gobierno brutal y autoritario. Nacido de un huracán de sentimiento anticomunista y miedo, la contrarrevolución invirtió los beneficios de los diez años de primavera y rehabilitó medidas para defender los intereses económicos estadunidenses.

En respuesta al cierre de los canales políticos y la militarización creciente y en un esfuerzo por dirigirse a la aguda pobreza e intensificación de la crisis social, en 1960 apareció la primera insurrección guerrillera surgida en Guatemala. La sistemática respuesta brutal del Estado en los años siguientes era inequívoca, señalando el principio del conflicto interno armado entre el gobierno y lo que vendría a ser el ejército guerrillero, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

El conflicto de Guatemala fue uno de los más largos y más brutales en la historia latinoamericana, definida por la ferocidad absoluta de la respuesta del Estado al guerrillero y una indiferencia flagrante por las normas de los derechos humanos. Entre 1960 y 1986, Guatemala fue gobernada casi ininterrumpidamente por gobiernos militares, y su política fue fuertemente influída por la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Dentro de este contexto, la política anticomunista fue usada como el marco político-militar para justificar la perpetración sistemática y notoria de violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Fue emprendida una política de terror contra poblaciones rurales y civiles urbanas con el supuesto objetivo de derrotar a los insurrectos, eliminando su base social, una política de “tierra arrasada” que diezmó comunidades indígenas y causó la desmovilización absoluta de las organizaciones dedicadas a la lucha no violenta. Entre 1981 y 1983, durante el gobierno del General Romeo Lucas García (1978-1982) y la dictadura militar del General Efraín Ríos Montt (1982-1983), la contrainsurgencia puesta en práctica con el abierto apoyo militar y de inteligencia de los Estados Unidos, culminó en un genocidio en contra de pueblos indígenas Mayas por parte del Estado guatemalteco. Después del genocidio, y como resultado directo de éste, los militares recuperaron el control del campo y pacificaron la base social de las guerrillas, más de 440 pueblos fueron arrasados completamente y, en áreas como la región de Ixil, la población indígena disminuyó en un 23 por ciento.

En los años siguientes, y con la derrota militar de la guerrilla, la institución militar se retiró del gobierno directo del país, y precipitó una transición política pactada, en la cual fue capaz de asegurar su propia supervivencia, donde el Estado recuperó un grado de legitimidad internacional y financiera. En 1986, el Presidente Vinicio Cerezo Arévalo fue elegido, sin embargo, los militares no volvieron a los cuarteles, y permanecieran con el control de las autoridades civiles. Es de considerar que dado que la transición política había sido pactada, y que las organizaciones civiles habían sido diezmadas durante la campaña de contra rebeldía, la sociedad civil no jugó ningún papel en el regreso al gobierno civil y, al menos en los primeros años, no surgió como un representante significativo.

Acciones Estratégicas:

Desde la expulsión de Jorge Ubico en 1944, las organizaciones de la sociedad civil habían sido incapaces de contribuir al derrumbamiento de las dictaduras militares. Sin embargo, en los primeros años de democratización, los activistas gradualmente aprovecharon la apertura política permitida por el retorno de un gobierno civil, y utilizaron cada vez más la acción estratégica no violenta como instrumento clave, contribuyendo considerablemente al proceso de democratización. Al principio, la acción no violenta colectiva fue caracterizada por la movilización social en un amplio movimiento de derechos humanos que se involucró en cuestiones que provenían de la violencia política del conflicto armado, incluyendo asesinatos, tortura y desapariciones, y en la represión y violaciones a los derechos humanos en curso bajo el régimen civil.

A mediados de los años 1980, los protagonistas civiles concentraron sus estrategias en acciones simbólicas, y organizaciones como el Grupo de apoyo Mutuo (GAM) y la Coordinación de las Viudas Nacionales de Guatemala (CONAVIGUA) llevaron a cabo actos de teatro político que incluyeron manifestaciones, ocupaciones y marchas. Las marchas masivas eran enfocadas a levantar la conciencia de la grave situación de las víctimas de la violencia, muchas ocurrieron tanto dentro de la capital como en departamentos rurales donde la violencia patrocinada por el Estado había sido particularmente notoria. La acción no violenta también tomó la forma de teatro callejero, así las organizaciones e individuos representaron los incidentes particulares de violencia o actuaron en juegos basados en las violaciones realizadas por los militares. Mientras las acciones no violentas se enfocaban en la sociedad civil, el Estado y en llevar a cabo políticas destinadas a avergonzar al otro, las organizaciones también buscaron impactar al Estado al utilizar instituciones como la Oficina Fiscal y al Ombudsman nacional, como medio por el cual resolver los casos de violaciones a los derechos humanos, también con el fin de dar cuenta a los perpetradores. Organizaciones que incluyen al Consejo Étnico (CERJ), la Defensoría Maya y la Coordinación Nacional Indígena y Campesina (CONIC) denunciarían las violaciones a los derechos humanos a dicha Oficina Fiscal, buscando terminar con los patrones de violencia, incluyendo la leva forzosa al Ejército y a los grupos paramilitares. Las organizaciones también se involucraron con redes internacionales de defensa para reforzar la visibilidad, impacto y voz local. Los activistas no violentos trabajaron con organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, apuntando en conjunto a presionar al Estado guatemalteco para adherirse a sus obligaciones en relación con la protección y el respeto de los derechos humanos.

El conflicto no violento en Guatemala considerablemente ha sido definido por dos formas complementarias: la movilización masiva colectiva, mencionada anteriormente, y la participación formalizada en canales establecidos dentro de las estructuras que acompañan el proceso de paz. En cuanto a esto último, y en este contexto, la acción estratégica no violenta tomó una característica importante que fue determinada por el proceso de democratización. La democratización formó las estrategias y las acciones de activistas no violentos: esto ocurrió dentro del contexto de un proceso prolongado de paz internacionalmente supervisado, y verificado por las Misión de Observación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA).

En este contexto, a los protagonistas civiles se les dio un espacio formalizado y legítimo, la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) para contribuir al contenido de los acuerdos de paz y así formar el futuro régimen democrático envió propuestas para los acuerdos de las partes en negociación. Los protagonistas civiles entonces participaron en el ASC, tomando la estratégica decisión de desarrollar propuestas para los acuerdos de paz, por ejemplo, contribuyendo considerablemente al acuerdo de los derechos y la identidad de los pueblos indígenas (firmado en 1995). Así como el proceso de paz avanzó, a los protagonistas civiles se les permitió el incremento en el campo político y canales de participación además de sus actividades en las calles. Con la formación del ASC, el paradigma del movimiento predominante de acción informal colectiva y protesta, la política simbólica, se incrementó a medida que los protagonistas no violentos cambiaron estratégicamente el alejamiento de las calles hacia el involucramiento y la participación en el Estado y los mecanismos formales del proceso de paz. Sin embargo, los protagonistas civiles siguieron realizando su amplio repertorio de acción no violenta, mientras se involucraban en tales canales formales. Entonces, en este sentido, la acción no violenta evolucionó de estar predominantemente en las plataformas "de protesta" a la participación política formalizada, a las plataformas "de oferta".

Los activistas no violentos también forjaron instrumentos importantes en términos de las plataformas y los marcos que utilizaron estratégicamente para presentar y articular sus demandas. Al principio, dado el contexto en que ellos surgieron y los instrumentos (la legislación nacional e instituciones; el marco normativo jurídico) que estaban disponibles para ellos, las organizaciones emplearon una comprensión estrecha de derechos humanos, definidos como derechos fundamentales civiles y políticos. Estos derechos eran directamente relevantes a sus luchas iniciales después de la dictadura militar y fueron apoyados por una amplia gama de redes internacionales y un discurso compartido—en breve una estructura de oportunidad política favorable. Como la democratización avanzó y como la violencia sistemática del conflicto armado cedió el paso al modo menos generalizado de violaciones, y en un contexto regional favorable de demandas basadas en peticiones étnicas a los derechos, los activistas no violentos comenzaron a articular sus demandas y actividades políticas a través del marco que reclamaba una configuración más amplia de derechos—incluyendo derechos económicos y derechos culturales colectivos. La importancia creciente de instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo Sobre Grupos Indígenas y Tribales en Países Independientes, contribuyó a este proceso, por el cual los activistas no violentos aprovecharon estratégicamente oportunidades políticas y jurídicas para avanzar en sus luchas. Acompañando estos cambios de plataformas de derechos fue la aparición gradual de identidad indígena como el discurso predominante para reclamar el derecho y como un elemento clave de la identidad de los activistas no violentos. A través de la firma del acuerdo de paz final en 1996, los protagonistas indígenas asumieron un papel clave como activistas no violentos.

Actores y acciones:

En Guatemala los activistas no violentos han venido principalmente de dos fondos distintos. En primer lugar, como las víctimas no indígenas de la represión, de áreas principalmente urbanas, y las víctimas en segundo lugar indígenas de la contra rebeldía rural. En el espacio recién permitido del retorno al gobierno civil, estas víctimas formaron organizaciones importantes, como GAM, CONAVIGUA, y el CERJ. Sin embargo, mientras la base social de casi todas las organizaciones eran los indígenas, en particular las mujeres indígenas, debido al foco abrumador de la violencia política sobre la población indígena, el liderazgo de las organizaciones en este tiempo permaneció no indígena.

Estas organizaciones formaron un movimiento popular, una coalición de movimientos que realizan la acción no violenta unidos tanto por la coordinación de estructuras como por la manera informal de sus objetivos comunes, prácticas, discurso e identidades como actores que no pertenecen a las élites civiles. El movimiento indígena desarrollado durante el proceso de paz ha exigido un espacio autónomo. La antigua unidad de los derechos humanos indígenas, campesinos y los movimientos de mujeres, reconciliados en el contexto de las negociaciones de paz, se fragmentaron después del final del proceso de paz, y ahora tales organizaciones son definidas por sus intereses sectoriales.

La lucha no violenta en el presente:

Desde el final del proceso de paz y con la consolidación gradual de la democracia electoral, la situación de los derechos humanos ha mejorado en ciertos aspectos, el más notable es la garantía de derechos civiles y políticos. Sin embargo, la democracia de Guatemala permanece perniciosa, racista, excluyente y frágil, tomada como rehén por los intereses de los grupos económicos y políticos de la élite, el crimen organizado y los grupos clandestinos paralelos. En este contexto, la protección y la garantía de los derechos humanos por el Estado, en particular de derechos económicos, sociales y culturales, son parciales. La exclusión, la pobreza extrema y la marginalidad determinan las vidas de la mayoría de guatemaltecos y los miles de personas que siguen muriendo cada año de enfermedades curables y enfermedades relacionadas con la pobreza. Los pueblos indígenas siguen sufriendo el racismo institucional, estructural e interpersonal y experimentan los peores índices de desarrollo humano.

En este contexto, los defensores de derechos humanos son sujetos a la violencia y el hostigamiento, así la protesta no violenta ha sido criminalizada, y el Estado celebra su supuesta naturaleza democrática a escala nacional e internacional. Mientras la legitimidad del Estado es cada vez más cuestionable dentro de la sociedad, la apatía, la indiferencia y la herencia de la violencia del conflicto armado, que institucionalizó una cultura de miedo, violencia y la parálisis política, han impedido una movilización social amplia. Muchos guatemaltecos todavía creen que los defensores de derechos humanos y activistas no violentos son comunistas o criminales y que los derechos humanos son palabras sucias y peligrosas. Hay poca unidad entra las movilizaciones de los grupos indígenas, y los movimientos campesinos y de derechos humanos, y la competencia por el espacio político y la financiación internacional es severa.

Muchos activistas no violentos han procurado participar directamente en instituciones estatales y partidos políticos con el objetivo de transformar el estado, y la acción colectiva de masas ha sufrido así la desmovilización y la fragmentación, considerando la capacidad del Estado para incorporar a protagonistas oposicionistas y así neutralizar sus acciones. Por consiguiente, la capacidad de protagonistas civiles para sostener el poder ha disminuido cada vez más. Una serie de espacios para la participación política en una amplia variedad de temas ha sido establecida, como la mesa para el diálogo sobre cuestiones rurales. Sin embargo, el verdadero impacto de tales espacios es mínimo y sujeto a la toma de decisiones de la élite, lo cual quiere decir que ellos son los espacios de participación sin impacto. Las ramificaciones a largo plazo de transiciones y/o la presión política causada por la lucha civil permanecen evasivas; sin embargo, es claro que lo que hace un impacto profundo sobre el modelo estructural e histórico de dominación no ha sido alcanzado.

A pesar de estas condiciones, los activistas siguen desarrollando estrategias para transformar el nominalmente “Estado democrático”, y formar sus propias vidas y derechos fundamentales, usando redes regionales e internacionales y marcos jurídicos innovadores normativos para exigir sus derechos individuales y colectivos. La política indígena parece ser una de las formas más innovadoras de dirigir estas cuestiones, como pueblos indígenas organizados alrededor de la Convención 169 de Organización Internacional de Trabajo que concierne a los pueblos indígenas y tribales en países independientes y la declaración de la ONU sobre los derechos de pueblos indígenas, buscando la reforma del Estado y el desarrollo de una política pública para dirigir los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Este nuevo desarrollo ha sido crucial en la evolución de la acción estratégica no violenta. Sin embargo, la política indígena aún no ha alcanzado el nivel de un movimiento nacional indígena; la acción colectiva congregada no ha sido consolidada y los pueblos indígenas siguen participando en los partidos estatales y políticos como individuos, no como pueblos, y aún no ha surgido un movimiento universal indígena que lleve hacia fuera la acción estratégica no violenta a través del discurso compartido y las plataformas en todo el país (geográficamente y políticamente).

Lectura complementaria:

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